El Tendedero: El departamento de Turisme y la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), colaboran en la lucha contra la oferta turística ilegal en suelo rústico. En los últimos años, fruto de la colaboración entre estos dos organismos insulares, se han detectado la creación de alojamientos turísticos sin licencia, piscinas irregulares e, incluso, una vaquería reconvertida en un spa. Uno de los casos más recientes es el descubrimiento que hizo el ADT en un establecimiento turístico existente, a raíz de la detección de unas obras de excavación sin licencia en suelo rústico protegido. Se habían creado sin licencia urbanística 7 unidades nuevas de alojamiento, a partir del cambio de uso de edificaciones existentes que tenían usos agrícolas o ganaderos, y se habían hecho obras sin licencia que afectaban a unos 1.200 metros cuadrados, incluyendo una nueva piscina. La colaboración entre Turismo y la ADT ha posibilitado detectar otras irregularidades en la oferta turística en suelo rústico por toda Mallorca: una vivienda de 340 metros cuadrados con piscina; dos viviendas turísticas de 140 y 65 metros cuadrados con piscina dentro de la misma parcela, y tres casas turísticas de entre 125 y 255 metros cuadrados, con la piscina correspondiente. Se sigue adelante contra las infracciones con controles que regule la perturbación de permisos. La mayoría de Ayuntamientos tienen delegado el control y sanción urbanístico. Los drones se encargan del resto.

Según datos de los Ayuntamientos de Mallorca, el Consell insular, los ecologistas, en nuestra isla quedan sobre 11.500 parcelas rústicas que son susceptibles de edificación y construcciones. Paradójicamente, fondos de inversión se encargan de construir en rústico, 560 viviendas de lujo en el Gobierno de Francina Armengol, escampadas por los municipios de Mallorca y si no tenían las dos cuarteradas, agrupan fincas. Por la dimensión de Mallorca y sus municipios, para los fondos económicos construir en rústica es como hacerlo en urbano y menos obligaciones. Sectores ecologistas piden cero construcciones en rústico, desde mañana solo rehabilitaciones, terminar con las licencias en trámite, legalización de lo que ha prescrito. Con la izquierda en sus 8 años se han urbanizado cerca de 450 hectáreas en rústico. Mientras se hablaba de limitar la llegada de turistas y de cero construcción en rústico, porque la presión era muy elevada, los hechos evidencian lo contrario. Han sido años de ocupación del rústico y la entrada de inversores extranjeros que han construido como negocio puro y duro. Ahora se pide cordura y tolerancia cero, urgen medidas que limiten tanto hormigón, aseguran los grupos ecologistas. No sabemos donde ha estado el GOB estos últimos ocho años y tampoco aquellos ecologistas que ahora han vuelto al ruedo político con la llegada del PP. La inercia de lo empezado es muy elevada, hay derechos adquiridos.

El PP de Inca atribuye el aumento de más de un 110% en 2 años de la recaudación por sanciones de tránsito al “afán recaudatorio” del gobierno socialista. La formación exige que el gobierno municipal actúe con “transparencia y claridad” en este asunto para despejar las dudas sobre las causas que subyacen el incremento. Pedro Mas: “Cualquier aumento en las sanciones de tránsito debe buscar el equilibrio entre la seguridad vial, el respeto a las normativas y el impacto económico en las familias”. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Inca, Pedro Mas, se muestra “preocupado” por esta situación y cuestiona si “el significativo aumento en la recaudación se debe a un incremento real en el número de infracciones o a una estrategia de aumento del gasto público por parte del equipo de Virgilio Moreno”.

“Es importante que el gobierno municipal actúe con transparencia y claridad en este asunto para poder despejar las dudas sobre las causas que subyacen el mencionado incremento”, exige Mas; quien defiende que “cualquier aumento en las sanciones de tránsito debe abordarse de manera objetiva, a través de un diálogo constructivo entre las diferentes fuerzas políticas, y buscando, siempre, el equilibrio entre la seguridad vial, el respeto a las normativas y el impacto económico en las familias, siendo la máxima prioridad el bienestar de los ciudadanos”. Según el portavoz del PP en el consistorio inquer, “garantizar que las sanciones sean justas y proporcionales y que los fondos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de los vecinos/as de la ciudad es fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones”.