PLIS. Educación, por favor
La delegada de la Alta Inspección Educativa no quiere comparecer ante el Parlamento Balear porque no podría explicar sus mentiras
García Sureda emitió un informe en que, faltando a la verdad y tal vez rozando la prevaricación, daba por supuesto que las sentencias del Tribunal Supremo.
pliseducacion 26/02/2021 - 08:41:59 |
La delegada de la Alta Inspección Educativa no quiere comparecer ante el Parlamento Balear porque no podría explicar sus mentiras.
García Sureda emitió un informe en que, faltando a la verdad y tal vez rozando la prevaricación, daba por supuesto que las sentencias del Tribunal Supremo, que imponen un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano, no obligan en Baleares.
PLIS espera que García Sureda sea fiel a su palabra y acuda en persona al Congreso de los Diputados a dar explicaciones.
El Parlamento Balear, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, convocó, el 19 de febrero de 2021, a la delegada de la Alta Inspección Educativa Irene Garcia Sureda, para comparecer y explicar su informe-respuesta, del 21 de julio de 2020, a un recurso interpuesto por la asociación PLIS. Educación, por favor el 26 de junio de 2020.
Irene García Sureda, en respuesta del 23 de febrero, se ha negado a comparecer ante el Parlamento Balear, alegando que solo debe rendir cuentas de sus actuaciones ante el Parlamento nacional.
PLIS. Educación, por favor, que fue quien presentó el recurso al que se refiere la petición de comparecencia, lamenta que una delegada de la Alta Inspección Educativa no quiera comparecer en el parlamento balear para responder de un asunto que afecta exclusivamente a Baleares, en concreto a casi 300 centros escolares de Baleares, cuyos proyectos lingüísticos no cumplen el ordenamiento jurídico, que obliga a que el castellano sea lengua vehicular en al menos el 25% de las horas lectivas.
PLIS cree que Irene García Sureda no quiere acudir ante el Parlamento balear por miedo a quedar expuesta a sus mentiras y a una afirmación recogida en su informe del 21 de julio de 2020, que a juicio de PLIS, falta la verdad y tal vez roza la prevaricación. En este informe del 21 de julio Irene García Sureda afirma: "En referencia al punto 2 (del recurso de PLIS del 26 de junio) . La normativa actual no indica que la proporción mínima del castellano en los proyectos lingüísticos de los centros públicos sostenidos con fondos públicos deba ser de un 25%".
Pues bien, en el recurso presentado por PLIS el 26 de junio, en el punto 2, se le decía exactamente a Irene García Sureda:
"El 93% de los centros
de Infantil y el 80% de los centros de Primaria no cumplen con la obligación de destinar como mínimo un 25% del horario lectivo, en materias no lingüísticos, a la enseñanza EN castellano, tal y como obligan
la Sentencia del Tribunal Supremo sobre recurso de casación (RECURSO
CASACIÓN Num. 2548/2014) (http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA
/NOTAS%20DE%20PRENSA/TS%20Contencios%2023-04-2015.pdf)
y la Sentencia del Tribunal Supremo de 20-04-2015, sobre recurso
de casación Num. 2549/2014
(http://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/N
OTAS%20DE%20PRENSA/TS%20Contencios%2028-04-2015.pdf);
y tal como recoge el Informe del Defensor del Pueblo 2019, página 348: “También el Tribunal Constitucional atribuyó a las comunidades autónomas la competencia para determinar la proporción razonable de la enseñanza en lengua castellana y en la lengua oficial
de la comunidad autónoma. Un criterio de razonabilidad que ha terminado fijando finalmente el Tribunal Supremo con un mínimo del 25 % para la enseñanza en castellano (SSTS 2548/2014, de 23 de abril de 2015, y 2549/2014, de 28 de abril de 2015).” (https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2020/05/I_Informe_gestion_2019.pdf).
De la respuesta dada por Irene García Sureda, en su informe del 21 de julio, se deduce que para ella las sentencias del Tribunal Supremo, que como jurisprudencia tienen fuerza de ley, no son aplicables a los proyectos lingüísticos de Baleares, lo que para una
delegada de la Alta Inspección del Estado no puede achacarse a ignorancia (ya que, además de la competencia legal que se le supone por razón de su cargo, la propia asociación PLIS se había encargado, en el punto 2 de su recurso, de explicitar las sentencias
y el informe del Defensor del Pueblo que obligan a los centros a respetar un mínimo del 25% en castellano), sino tal vez a la mala fe.
PLIS. Educación, por favor espera que García Sureda cumpla su palabra y acuda al Congreso de los Diputados, a dar explicaciones en persona.
Referencias legales
Petición de comparecencia, a iniciativa del grupo parlamentario Ciudadanos, de Irene García Sureda, 19 febrero 2021: https://drive.google.com/file/d/1YSWr6v_Xpab4mxPxQiL9z4xKovMh0uFp/view?usp=sharing
Negativa de IGS a comparecer ate el parlamento bear, 23 de febrero
de 2021: https://drive.google.com/file/d/1ROry1_3C_fp_gSAcUYt1RsleGA6boH8O/view?usp=sharing
Informe de IGS del 21 de julio de 2020, en respuesta del recurso
de PLIS del 26 de junio de 2020: https://drive.google.com/file/d/12WwpdQ72WuJfuTp7SYYDWgCbho7RX8pY/view?usp=sharing
Recurso de Plis Educación del 26 de junio de 2020:
https://drive.google.com/file/d/1C8TUCJF2HNrc-c8kEW8TPOu9lrUZQUJV/view?usp=sharing;
https://driv
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